Too Good To Go BlogLa nueva ley contra el desperdicio de alimentos ya está en marcha: ¿qué significa para ti?

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ya está en vigor en España y su objetivo es claro: reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esta normativa no solo establece obligaciones, sino que también promueve buenas prácticas para que todas las partes implicadas, desde las empresas hasta las administraciones públicas, tomen medidas responsables en cuanto al desperdicio de comida.

El objetivo de la ley: una cadena alimentaria más responsable

Según datos del MAPA y la FAO, cada año se desperdician en España unas 7,7 millones de toneladas de alimentos. Con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos se busca reducir en un 50 % los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo, así como disminuir en un 20 % las pérdidas en las cadenas de producción y suministro para 2030.

Para conseguir estos objetivos y fomentar un sistema de producción y consumo responsable, con la ley se aplican nuevas obligaciones para bares, restaurantes, supermercados y otros actores de la cadena alimentaria. En resumen, se establecen medidas que priorizan la prevención del desperdicio, seguida de la redistribución de alimentos, y se incluye una guía de buenas prácticas y obligaciones para las administraciones públicas.

¿Cómo se deben abordar las pérdidas y el desperdicio?

La ley establece una jerarquía clara: primero, la prevención, pues el mejor residuo es aquel que no se genera. El siguiente paso de esta jerarquía sería destinar para el consumo humano aquellos excedentes que sean aptos, y para ello se establece la obligación de crear acuerdos para la donación de comida a entidades sociales.

Es importante destacar que donar no es obligatorio, solo la firma de acuerdos que detallen los criterios en el caso de que se haga una donación o de que se redistribuyan los excedentes a través de diferentes iniciativas. En el caso de aquellos productos que ya no sean aptos para el consumo humano, se permite destinar estos alimentos a comida para animales o a procesos industriales. También se contempla el reciclaje (compost) y, como última opción, la valorización energética.

Asimismo, las empresas tienen la obligación de contribuir a la cuantificación del desperdicio alimentario que generan. Están obligadas a colaborar activamente en este proceso, proporcionando información fiable y actualizada que permita medir con precisión el volumen de alimentos desperdiciados. Esta cuantificación es fundamental para diseñar e implementar medidas eficaces de prevención.

Planes de prevención obligatorios

Las empresas deben contar con un plan de prevención para aplicar esta jerarquía. Si operan en varias comunidades, pueden presentar un único plan conjunto. Eso sí, no se permite llevar a cabo prácticas que hagan que los alimentos ya no puedan aprovecharse. Entre estas prácticas se incluyen actuaciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas para su consumo o valorización.

¿A quién afecta y a quién no?

Quedan exentas las empresas con locales de menos de 1.300 m2 que no vendan al público. No obstante, si varios establecimientos con el mismo CIF superan esa superficie, sí que deben cumplir con la ley. También hay excepciones cuando la actividad impide reutilizar los alimentos por dejarlos en mal estado.

Medidas para bares y restaurantes

Estos comercios deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse la comida no consumida, salvo en los establecimientos con bufés. Esta opción debe comunicarse de forma clara, preferiblemente en la carta, y con envases adecuados, preferiblemente reutilizables o reciclables.

El papel de las administraciones

Las administraciones deben facilitar información útil y guías para ayudar a las empresas a elaborar sus planes. Además, las administraciones estarán obligadas a impulsar campañas divulgativas sobre consumo responsable, así como a promover nuevos negocios que planteen soluciones que ayuden a revalorizar los excedentes y combatir el desperdicio. Asimismo, el Ministerio de Agricultura deberá analizar y publicar, al menos una vez al año, los datos sobre el desperdicio alimentario fuera del hogar, especialmente en hostelería y comercio.

Un cambio real hacia la sostenibilidad

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario sienta las bases para una nueva forma de entender la producción y el consumo de alimentos. La responsabilidad es compartida, y todas las partes implicadas, incluida la ciudadanía, pueden contribuir a reducir el desperdicio alimentario.